FADEI pide más oferta de vivienda y seguridad jurídica para aliviar el mercado inmobiliario

La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI) ha instado a impulsar un cambio en las políticas de vivienda en España para aumentar la oferta de viviendas, recuperar inmuebles para el mercado y reforzar la seguridad jurídica, tres medidas que considera esenciales para afrontar la actual crisis del mercado residencial. Estas propuestas se presentaron el pasado 29 de junio durante el I Encuentro Jurídico Inmobiliario, celebrado en Madrid, donde representantes institucionales, juristas y profesionales del sector analizaron los principales desafíos de la vivienda, el alquiler y el mercado inmobiliario español.

Durante la inauguración del encuentro, el presidente de FADEI, Miguel Ángel Gómez Huecas, defendió el papel estratégico de los profesionales inmobiliarios en el acceso a la vivienda y reclamó un mayor reconocimiento para el sector. «No podemos seguir siendo el actor secundario en el mercado inmobiliario. Acompañamos a las personas en la decisión más importante de su vida».

La falta de oferta, principal desafío del mercado inmobiliario

Uno de los principales consensos logrados ha sido que el acceso a la vivienda solo mejorará si aumentan las viviendas disponibles en el mercado. Los participantes han coincidido en que las políticas públicas deben enfocarse en generar confianza entre los propietarios y contribuir a la incorporación de nuevas viviendas, en vez de adoptar medidas que acaben retrayendo la oferta.

En este sentido, el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez, ha afirmado que «hay más personas buscando viviendas que viviendas disponibles» y ha reprochado que la actual Ley de Vivienda «confunde el síntoma con la causa». A su parecer, el problema no es el precio de la vivienda, sino la falta de oferta.

Asimismo, el eurodiputado y ponente del informe sobre vivienda asequible del Parlamento Europeo, Borja Giménez Larraz, ha apoyado la necesidad de agilizar la concesión de licencias, revisar la fiscalidad de la vivienda y fomentar la productividad del sector para facilitar la incorporación de nuevas viviendas al mercado. También ha advertido de que las medidas intervencionistas expulsan viviendas del mercado y reclamó una mayor contundencia ante la ocupación ilegal y la inquiocupación.

La seguridad jurídica, clave para recuperar viviendas en alquiler

La mesa redonda sobre la situación jurídica del sector inmobiliario contó con las intervenciones de Montserrat Junyent, vicepresidenta de FADEI y presidenta del COAPI de Barcelona y de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC); Isabel Soto, secretaria general de FADEI y vicepresidenta de HABITALE; y Jesús Manuel Martínez Caja, secretario general y asesor jurídico de AMADEI, la patronal inmobiliaria de la Comunidad de Madrid, quienes han estado de acuerdo en que la inseguridad jurídica está condicionando el funcionamiento del mercado del alquiler y disminuyendo la oferta disponible.

Jesús Manuel Martínez Caja expuso que el incremento de las garantías exigidas por los propietarios está apartando del mercado a numerosos potenciales inquilinos, consecuencia de un contexto de incertidumbre que ha endurecido el acceso al alquiler. A su juicio, determinadas reformas legislativas, aunque nacieran con buena voluntad, no han conseguido mejorar el acceso a la vivienda.

Por su parte, Isabel Soto defendió que la mejor forma de incrementar la oferta pasa por incentivar a los propietarios, a través de ventajas fiscales y un marco regulatorio estable que brinde confianza, en lugar de seguir aumentando la regulación sobre el mercado.

Montserrat Junyent hizo hincapié en la importancia de basar el debate sobre vivienda en datos objetivos y no en relatos interesados, lamentando que, en múltiples casos, la percepción pública del mercado se aleje de la realidad que plasman los datos y del trabajo diario que desarrollan los profesionales inmobiliarios.

La ocupación ilegal y su impacto en propietarios y comunidades

En el encuentro también ha participado Matilde Cuena Casas, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, quien ha explorado las consecuencias jurídicas de la ocupación ilegal y los procedimientos de desahucio.

Durante su ponencia, la jurista ha defendido que la base del problema de la ocupación no es el número de casos registrados, sino la situación de vulnerabilidad jurídica en la que queda el propietario. Así, ha explicado que al sufrir una ocupación se deben afrontar largos procedimientos judiciales mientras se asumen los costes asociados al inmueble, que pueden oscilar entre los 3.500 y los 30.000 euros.

También ha advertido que los propietarios pueden enfrentarse a una depreciación del valor de la vivienda de entre el 40% y el 60%, además de mantener la responsabilidad civil por los daños derivados de la falta de conservación del inmueble, pese a la imposibilidad de disponer de él. En este sentido, Cuena ha alertado de los perjuicios que estas situaciones generan sobre las comunidades de propietarios, al ocasionar conflictos de convivencia, deterioro de los elementos de uso común y riesgos para la seguridad de los edificios derivados de conexiones fraudulentas a los suministros.

El sector inmobiliario reclama estabilidad normativa para mejorar el acceso a la vivienda

Las conclusiones de la jornada ponen de manifiesto un amplio consenso entre representantes institucionales, expertos jurídicos y profesionales del sector inmobiliario: aumentar la oferta de vivienda pasa por recuperar la confianza de los propietarios mediante un marco de mayor seguridad jurídica, estabilidad normativa e incentivos que favorezcan la incorporación de más viviendas al mercado.

*Para más información: https://www.fadei.es/